Corrupción e impunidad
en el Ministerio de Educación
Buscando Camino: Movimiento Democrático Popular
Editorial (14 al 20 de junio de 2009)
La movilización de docentes, padres de familia y alumnos de la Escuela Guillermo Andreve, situada en Arraiján, en razón de llevar sus estudiantes dos meses sin recibir clases por motivo de las reparaciones inconclusas de dicho plantel educativo, ha permitido destapar la caja de Pandora de la corrupción en el Ministerio de Educación, en especial, y en el resto del Estado, en general. En efecto, la explicación que les dio el Viceministro de Educación, Pío Castillero, a los docentes y padres de familia para justificar la no conclusión de las reparaciones, fue que la Contraloría General de la República no había refrendado aún el contrato para proceder a la reparación de la escuela. Ello obligó al Contralor a señalar que el contrato no sería refrendado porque se habían cometido innumerables irregularidades en su confección. Desde un abultamiento de los precios en un 40%, hasta el haber realizado dicha contratación sin licitación pública y, más aún, a la empresa beneficiaria, Constructora Rodeira S, A, se le habían adjudicado contratos para la reparación de 18 escuelas mediante el mismo procedimiento de contratación directa. Los contratos, señaló el Contralor, alcanzaban la suma de 2.4 millones de balboas y el sobreprecio en los mismos llegaba a los 900.000 balboas . En esas mismas declaraciones, el Contralor afirmó que el Ministerio de Educación era “un foco de corrupción”. Ejemplo de lo cual era la contratación de una empresa perteneciente al ex Rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Virgilio Olmos, a la cual se le pretendía pagar por adelantado la obra, pese a que dicha empresa jamás había realizado actividad alguna.
Incapaz de dar una explicación coherente, el Ministro de Educación, Salvador Rodríguez, afirmó que la denuncia del Contralor era un “simple malentendido” y que la empresa Constructora Rodeira, S. A. había sido recomendada por la Cámara Panameña de la Construcción , a lo que su presidente, Jaime Jované, emitió un comunicado público señalando que dicha empresa no había sido recomendada por su gremio, entre otras razones porque la misma ni siquiera pertenecía a la CAPAC. Queda , pues, el Ministro Rodríguez como mentiroso y sospechoso de un gravísimo delito de corrupción.
Se destapa la olla
Con motivo de estos alarmantes hechos, la Procuradora de la Nación , Ana Matilde Gómez, denunció que el Contralor no cumplía con su trabajo en la lucha contra la corrupción, y que sus investigaciones se hacían “fragmentadas” para así evitar que las mismas alcanzaran a los verdaderos beneficiarios de tales delitos. Como muestra de lo afirmado, la Procuradora señaló que los informes emanados de la Contraloría no alcanzaban al ex Ministro Belgis Castro, supuestamente responsable de lesiones patrimoniales dolosas, tales como las relacionadas con la fibra de vidrio y las escuelas rancho.
En su defensa, el Contralor General señaló que él había enviado a las fiscalías anticorrupción más de 450 informes que ponían al descubierto lesiones patrimoniales por más de 32 millones de balboas, y que nadie estaba preso o sometido a juicio.
Sea quienes sean los culpables de garantizarles impunidad a los delincuentes encopetados de dicha institución, lo cierto es que los tres últimos regentes de la educación nacional (Miguel Angel Cañizales, Belgis Castro y Salvador Rodríguez) han estado al frente de un Ministerio en el que se han realizado innumerables licitaciones amañadas, tanto de laboratorios como para la sustitución de la fibra de vidrio y la eliminación de las escuelas rancho. Ni qué decir de las coimas que se cobran para la adjudicación y pago en la construcción y reparación de escuelas a nivel nacional. Y no olvidemos los chanchullos relacionados con el proyecto fraudulento de “Conéctate al Conocimiento”, dirigido y controlado por Gaspar Tarté, en el que se han invertido decenas de millones de balboas.
En definitiva, el Ministerio de Educación no sólo es “un foco de corrupción” sino también es una “cueva de delincuentes” que gozan de la más absoluta impunidad para cometer sus crímenes. Al tal extremo que, sin exigirles explicación alguna sobre tales tropelías, al abandonar el cargo los regentes del Ministerio son premiados: Miguel Angel Cañizales, embajador en España; Belgis Castro, elevado a miembro del CEN del PRD. Y en el caso de Salvador Rodríguez, el Ministerio fue el premio por haber sido el presidente de la Junta Evaluadora de la Cinta Costera , la misma que se adjudicó a Oderbrecht pese a que el precio fue de 36 millones de balboas por encima de la oferta que presentó la empresa que quedó de “segunda” en la licitación.
¿Pero sólo es el Ministerio de Educación?
Acusar a esos tres ministros de estar sentados en “un foco de corrupción” es tratarlos injustamente, dado que ellos fueron nombrados en dicho cargo por el Presidente Martín Torrijos. ¿Ignorancia inexcusable o complicidad manifiesta? Tal vez pueda empezarse a desenrollarse la madeja si le seguimos la pista a las escandalosas adjudicaciones a la empresa Oderbrecht: Cinta Costera, Autopista Panamá-Colón, Sistema de Riego Remigio Rojas, túnel colector del Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá, etc. En definitiva, a esa empresa, expulsada de Ecuador por trapichera y demandada en Perú por tráfico de influencias, entre otras bellezas que deja a su paso por distintos países de América Latina, se le han adjudicado graciosamente más de 700 millones en obras y en sólo cuatro años del actual gobierno. ¿Y los consulados? ¿Quién le cobra coima y por adelantado a los cónsules nombrados en destinos de generosa recaudación? ¿Y las notarías? ¿Y las escandalosas “concesiones” de la Autoridad Marítima de Panamá? En fin, la lista sería interminable. Por algo se dice que un alto miembro del actual gobierno se retira con una envidiable “recaudación” cercana a los cuatrocientos millones de balboas.
La corrupción impune es premio de aquéllos que nos desgobiernan y que reciben el Estado como botín electoral. De ahí que se requiera de una verdadera revolución ética para sanearlo.
¿Cuál será el destino de los que “entraron limpios y han salido millonarios?
Ese eslogan de campaña ha comprometido al gobierno entrante. Y ahora, cuando saltan a la luz pública tamaños atracos al erario público, la pregunta que todos los panameños nos hacemos es la siguiente: ¿serán llevados ante la justicia todos estos delincuentes, y en especial al jefe de la banda? ¿O todas estas tropelías dormirán el sueño de los justos, tal como ha ocurrido con el caso CEMIS y otros tantos más? Lo prometido es deuda que intentaremos cobrar, al igual que todos y cada uno de los compromisos adquiridos.
La parte más relevante es el último párrafo, pues queremos ver si se cumplirá lo prometido ya que el enunciado de "entran limpios y salen millonarios" implica que de este conocimiento se desprende que debe haber una investigación y juzgamiento por enriquecimiento ilícito.
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