ARTICULO DE OPINION

Por considerarlo de interés aquí transcribo artículo de opinión del Dr. Miguel Antonio Bernal.


Panamá América, viernes 21 de marzo de 2008

LOS INTOCABLES

Miguel Antonio Bernal

Catedrático titular



Con demasiada frecuencia altos funcionarios públicos incurren en actos de corrupción, colusión y otras prácticas delictivas, para quedar libres de la acción de la justicia. El resultado es que se ha desarrollado una casta de intocables, producto de la aplicación indiscriminada de la justicia.

La propuesta eliminación de la prueba sumaria en la investigación de servidores públicos en el nuevo Código de Proceso Penal, -proyecto impulsado por la Alianza Ciudadana Pro Justicia-, pretende evitar el requisito que obliga a quien interponga una queja o denuncia contra un funcionario, acompañarla de algún medio probatorio que la acredite. La exigencia de este requisito es uno de los factores que ha permitido convertir a los funcionarios en “los intocables” de la justicia panameña, estimulando al mismo tiempo actos de corrupción y abuso de autoridad.

Un verdadero Estado de Derecho debe prestar permanente énfasis a las actuaciones de los servidores públicos, toda vez que con sus abusos de poder en el ejercicio de sus funciones y omisiones en los mismos, han causado muchos daños y perjuicios, de los cuales muchos de los afectados por actos de corrupción aun hoy día buscan ser resarcidos.

El proyecto en discusión, busca crear jueces y magistrados de garantías con la función de fortalecer los derechos ciudadanos en la lucha contra la corrupción pero, mientras el gobierno de turno no le de el valor que tienen los Derechos Humanos, dentro de este país no podemos enrumbar la Justicia. Debido a ello, al fracasar en este sentido nuestro sistema de justicia, muchos panameños buscan justicia ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, D.C.

De todas las garantías humanas fundamentales, una de las más importantes es el Debido Proceso Legal. Sin embargo, cada vez aumentan las denuncias contra el Estado panameño ante la CIDH, por el irrespeto al debido proceso. Ello en virtud de que ciertos servidores públicos, en razón de sus cargos o la cercanía al gobierno de turno, han quedado impunes luego de haber cometido en el ejercicio de sus funciones, flagrantes violaciones a la Constitución y la Ley. Debido a la influencia que estos funcionarios han ejercido y ejercen en los estamentos del poder, las autoridades judiciales no quisieron investigarlos en su momento por temor a represalias del partido gobernante.

Son numerosos los casos en que, a pesar de que los afectados obtuvieron y anexaron pruebas sumarias, los funcionarios nunca fueron investigados, por que son considerados “intocables”, lo cual estimula la impunidad. Mientras esta situación continúe, no puede pedir la cúpula de la Corte Suprema, que “seamos justos con la justicia” y será cada día más difícil, atacar la corrupción y hacer justicia en Panamá.

Fin del Artículo
Nota: El Dr. Miguel Antonio Bernal es catedrático de la Universidad de Panamá.



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